Una vez finalizada la multitudinaria marcha a favor de la vida y la familia en la capital panameña, el presidente de la Asamblea Nacional, Rubén de León Sánchez, anunció que devolverá a la comisión de salud la Ley 61 –que promueve la educación sexual y reproductiva en los colegios– para que sea nuevamente discutida.
El presidente del Parlamento hizo este anuncio el pasado miércoles después de recibir junto a otros diputados a una delegación de organizaciones provida y profamilia, que junto con la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas, reunieron ese día a cerca de 100.000 personas, según los organizadores, y que marcharon desde la iglesia del Carmen hasta el Congreso.
La manifestación fue convocada para protestar contra este proyecto de ley y las guías de “Educación Integral de la Sexualidad” (EIS). Según informó la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, las EIS “están impregnadas de la ideología de género” y son “promovidas y asesoradas por la UNFPA”, organismo de la ONU conocido por difundir el uso de anticonceptivos y el aborto.
Asimismo, después del encuentro con las organizaciones profamilia, De León indicó: “Hemos anunciado nuestro compromiso de que se va a hacer un debate más profundo. Y ese debate obviamente tiene que ser en la Comisión (de Salud)”. A la par que añadió: “Buscaremos los mecanismos para que ese proyecto regrese a la Comisión”.
La decisión del diputado fue recogida por la oficina de prensa del Parlamento, donde se citó las palabras de De León, de que “la Asamblea tiene que escuchar cuando hay inquietudes como ésta de parte de la sociedad panameña”.
Además, en un comunicado enviado a ACI Prensa, la Alianza Panameña por la Vida y la Familia exhortó al Estado a garantizar “el derecho de los padres de familia a participar, escoger, aprobar, presentar y definir propuestas en relación a la educación en la sexualidad que se imparta a sus hijos menores de edad”, así como a “objetar cualquier tipo de educación relativo a la sexualidad que sea contraria a la ley natural, a sus valores o principios éticos, morales, espirituales y/o religiosos sin ningún tipo de repercusiones”.
En ese sentido, indicaron que el proyecto de Ley 61 debe ser eliminado porque ya “existen leyes que regulan la materia”.
También rechazaron que la ideología de género sea la base de la educación sexual de los menores e indicaron que un programa que aborde este tema debe ser elaborado “por el Estado cumpliendo con la ley” y “sin injerencia extranjera”.
En su comunicado con fecha 13 de julio, la Alianza además exhortó al Estado a cumplir “los artículos 670 y 671 del Código de Familia y se restituya la Escuela para Padres y los programas de educación sexual que han probado ser exitosos, ya que entre el 2014 y 2015 hubo una reducción notable en los embarazos de menores de edad, sin necesidad de promover la ideología de género y sin injerencia extranjera”.
El proyecto de ley 61 es promovido por Crispiano Adames, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) de Panamá, y entre sus artículos comprende el “derecho a la salud sexual y reproductiva”, término con la que los promotores del aborto suelen enmascarar esta práctica.
La propuesta legislativa de Adames incluye además el “derecho a la educación integral en sexualidad”, que toma terminología usada por la International Planned Parenthood Federation, matriz de la multinacional abortista Planned Parenthood Federation of América, acusada de traficar con órganos y tejidos de los bebés abortados en sus instalaciones.
La ideología de género nació en Estados Unidos hace unos 30 años y se desarrolló luego en Europa siguiendo líneas particulares del feminismo y del pensamiento homosexual. Esta corriente afirma que la diferencia entre hombre y mujer es un hecho social, una construcción cultural que precede al hecho biológico.
